Hay leyes que cuesta entender. Hay leyes, esas leyes inexplicables, que conviene desobedecer. El artículo 53.2.c del antreproyecto de la Ley de Extranjería sanciona hasta con 10.000 euros «a quien promueva la permanencia irregular de un extranjero en España». Y aclara el asunto el siguiente párrafo: «Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente establecido».

Me entero del asunto leyendo El Mundo del sábado. Conociendo, a través de un estupendo reportaje de Pedro Simón, la historia de Miguel Romá, un hombre que fue director de Caja del Mediterráneo y que ahora se dedica, junto a su mujer, Marinandi, a acoger inmigrantes. Ellos no les piden los papeles porque su sentido de la solidaridad no atiende a esos detalles. Hacen bien. Aunque ahora la ley pueda decir lo contrario. No es este blog un lugar creado para llamar a la desobediencia civil, pero en este caso vamos a hacer una excepción. Leyes así hay que saltárselas. Objetarlas. Protestarlas. Anularlas.